Zapatero no revela si los libros de texto tendrán precio fijo en la nueva ley

Madrid- Sin novedad en el frente. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmó ayer que el próximo viernes -tal y como había ya anunciado la ministra de Cultura- el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas y lo remitirá a las Cortes. No dio apenas pista alguna sobre el desarrollo de la polémica ley -cuyo anteproyecto obtuvo ya la oposición de todo el sector del libro-, salvo que tendrá una «memoria económica» de 431 millones de euros, la gran mayoría para el aumento de la dotación de las bibliotecas públicas. Los mismos 431 millones que ya contemplaba el anteproyecto el 12 de mayo, fecha en la que la ministra de Cultura dio a conocer el texto. Y los mismos que el Consejo Económico y Social valoró como «insuficientes» en su dictamen sobre la ley, firmado el 11 de julio, porque se limita a cumplir con la «mínima» dotación bibliotecaria que pide la Unesco. Los editores, no obstante, hicieron ayer una valoración inicialmente positiva del presupuesto que acompañará al texto normativo. «Hay que estudiar cómo se concreta y ver en cuántos años se hará esa inversión. Aparentemente es positivo, porque es más dinero del que han gastado hasta ahora», según Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores Españoles.
   Sin respuesta
   En todo caso, Zapatero no se atrevió a revelar que el anteproyecto deja de lado la principal reivindicación del sector: la que persigue extender el precio fijo a los libros de texto, como medida necesaria para paliar la desaparición de las pequeñas y medianas librerías, que no pueden hacer frente al descuento de hasta el 25 por ciento aplicado por las grandes superficies. Todo el mundo lo da por hecho, aunque el director general del Libro, Rogelio Blanco, dejó una puerta entreabierta: «De aquí al viernes pueden cambiar muchas cosas». Habrá que esperar.
   La ley también obvia una reivindicación, en este caso, de los autores. La polémica por el llamado «canon a las bibliotecas» -el pago de derechos de autor a los escritores por el préstamo- no está nombrado en el texto que se remitirá al Congreso el próximo viernes. Y se sigue, por tanto, dejando en manos del Tribunal de Justicia de Estrasburgo.
   En cualquier caso, las palabras de Zapatero sobre el nuevo proyecto de Ley del Libro protagonizó la inauguración del VI Congreso Iberoamericano de Editores, que por primera vez se celebra en España y en el que durante todo el fin de semana 234 editores debaten, precisamente, sobre «Edición y políticas públicas para el libro y la lectura». Y que el presidente de la Federación de Gremios de Editores, Emiliano Martínez, tradujo ayer como «la búsqueda por hacer más lectores».
   Gonzalo Arboleda, presidente del Grupo Iberoamericano de Editores, fue quien interpretó el papel quisquilloso ante el presidente del Gobierno y las ministras de Cultura y Educación, quienes presidieron la inauguración. El editor colombiano enumeró un decálogo en defensa de la lectura que resume los graves problemas a los que se enfrentan el sector. A saber: contradición entre políticas culturales y económicas de los Gobiernos, trabas fronterizas, escasa promoción de la lectura entre las clases más desfavorecidas, insuficientes subvenciones y una alarmante piratería -en países como Colombia, seis de cada diez libros que se venden son piratas-.
   A todo ello busca dar soluciones este congreso, reclamando un mayor compromiso de los gobiernos que, como dijo Arboleda, «prometen una cosa y luego hacen otras muy distintas». El escritor Jorge Edwardsque acaba de reeditar «Persona non grata», protagonizó la inauguración con un encendido elogio del éxito del idioma español, que, ahora más que nunca, necesita una «industria editorial sana».
   

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