Nueva ley del libro

El presidente español correspondió así a la generalizada demanda de los editores en el sentido de exigir a los gobiernos de los veintidós países representados en el Congreso un mayor compromiso con el libro.

Para el jefe del Ejecutivo español, las cifras de la edición en nuestro país son favorables pero también revelan a su juicio la necesidad de fortalecer la promoción del libro y la lectura. En la norma en ciernes, que ampliará la definición de «libro» a las nuevas tecnologías, el Gobierno piensa asumir «un firme compromiso para apoyar, promocionar y reconocer a los creadores»; asimismo, se creará un Observatorio de la Lectura, se atenderá a las necesidades de los discapacitados y se potenciará el Consejo de Bibliotecas Zapatero destacó que en los dos primeros años de la legislatura los presupuestos para dotaciones bibliográficas han pasado de 129.000 euros en 2004 a la «todavía corta» cantidad de 10 millones de euros en 2006, y anunció asimismo que la memoria económica de la ley del Libro incluirá una previsión de inversión de 431 millones de euros.

El sector editorial español, protagonista de una boyante exportación a Iberoamérica, pone en el mercado cada año unos 80.000 títulos y unos 320 millones de ejemplares. Algunos de sus desequilibrios pueden pasarle factura a corto plazo. Con todo, de momento, el fenómeno más preocupante vinculado comercialmente al libro -y al margen por tanto del problema de fondo, que es la escasa lectura, a consecuencia seguramente de las deficiencias del sistema educativo- es la imparable desaparición de librerías tradicionales y la consiguiente concentración de la oferta minorista en grandes superficies. Este fenómeno ha estado sin duda relacionado con la eliminación del 'precio fijo' en los libros de texto, que lógicamente favorece a los grandes intermediarios, que logran mejores precios de los editores. Por consiguiente, la principal decisión que deberá tomar el Gobierno en la nueva ley del Libro será la de mantener esta situación, consolidada por un decreto del 2000, o regresar al 'precio fijo' en todos los casos, que beneficia a los pequeños libreros y perjudica, como es evidente, a los consumidores.

El libro no es simplemente un objeto de consumo: es un elemento básico del desarrollo cultural en su sentido más amplio y, sin ignorar las reglas mercantiles de las industrias culturales, que las dinamizan y las mantienen cargadas de realismo, es claro que el libro requiere una protección singular que facilite su papel como soporte del conocimiento, como vehículo de la comunicación cultural, como materialización de la inteligencia. Cuanto se haga en pro de su buena salud redundará en beneficio de la excelencia intelectual de de este país. De ahí la conveniencia de exigir al Gobierno el máximo celo en la plasmación de la propuesta legislativa que ha anunciado, y que debe contar con la complicidad indispensable de todos los agentes culturales.

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