Los principales editores de libros de texto amenazan con retirarse del País Vasco

Madrid- Las principales editoriales de ámbito nacional siguen con atención los pasos del Gobierno vasco en materia educativa. La Consejería se dispone a generalizar el préstamo de libros en el primer ciclo de Primaria de la red pública, con la idea de que los materiales puedan ser reutilizados durante los cuatro años siguientes.
   Cada centro decide dónde compra los textos y los libros que necesitan sus alumnos. El colegio pagará a las librerías con las subvenciones de Educación y lo que les abonan los padres, un 25 por ciento del coste total. Condición esta última que desconcierta a los editores de libros de texto, porque, si cada padre paga un cuarto de un libro que se utilizará durante cuatro años, «¿dónde está la gratuidad?», se preguntan.
   El malestar de los editores con el sistema de préstamo de libros, que llaman de «pseudo-gratuidad» y que se ha extendido sobre todo por las comunidades socialistas, se agrava en el caso del País Vasco. Las grandes editoriales deben adaptar los textos al euskera y al desarrollo autonómico, los traductores son caros y los equipos de edición que se requieren, también. Si deben hacer ese esfuerzo inversor para una tirada reducida que además se reutilizará durante cuatro años, a los editores no les salen las cuentas.
   Determinación
   «Si siguen adelante con el proyecto de gratuidad nos vamos de allí», anuncia José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros (Anele), que representa a grandes editoriales de ámbito nacional como Anaya, Edebé, Edelvives o Santillana, por citar sólo algunas.
   Moyano explica que la consejera vasca de Educación, de EA, ha hecho un planteamiento básico de currículo centrado más en las competencias que en los contenidos, ante la imposibilidad de unificar las demandas de las ikastolas, las escuelas católicas y las públicas. Los directores generales, según señala el presidente de Anele, tienen el euskera y el concepto de «Euskal Herria» como pilares básicos, de manera que los libros en castellano quedan circunscritos al ámbito de las asignaturas de Lengua y Literatura Castellana.
   El País Vasco figura entre las comunidades que todavía no ha publicado los decretos de desarrollo de la LOE, por lo que para este curso las editoriales se han basado en los decretos de mínimos del Gobierno y estos decretos servirán de referencia para el año que viene, aunque los editores en realidad necesitarían dos años para hacer los nuevos libros.
   La asociación de editores ya ha alertado al Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno vasco sobre algunos problemas jurídicos que se suscitan con el «Programa de gestión solidaria y equitativa de libros de texto y material didáctico», que así se llama este plan de préstamos.
   En primer lugar, advierten de una posible vulneración de la Ley de Defensa de la Competencia, ya que se establece una preferencia expresa hacia las librerías del entorno del colegio y «parece atribuirse también a los propios centros la fijación del precio de los libros de texto». Para la adquisición de los libros, las familias deben utilizar un impreso facilitado por el propio centro para autorizar la adquisición con indicación expresa del precio. Y cualquier directriz que suponga la fijación directa o indirecta del precio de los libros de texto sería incompatible con la Ley del Libro y con la de Defensa de la Competencia, añaden.
   En segundo lugar, consideran que hay un problema con los derechos de propiedad intelectual. Las bibliotecas escolares no precisan autorización de los titulares de derechos por los préstamos que realicen y quedan eximidas del pago de remuneración.
   Pero, según indican en el escrito remitido a la Consejería, «esta doble exclusión, de la autorización y la remuneración, no resulta aplicable al sistema de préstamo de libros de texto». «Es muy claro que la distribución al alumnado de libros de texto requiere autorización del autor y, desde luego, una remuneración adecuada», precisan.
   La asociación de editores también pone el acento sobre la renuncia expresa obligatoria que se impone a los alumnos que no deseen participar en el programa, que los obliguen a indicar las razones de la decisión y que pierdan la posibilidad de percibir cualquier cuantía en las convocatorias de ayudas al estudio para material escolar, «sanción que no se incluye como advertencia en el formulario», denuncian.
   Pese a todo, los editores aseguran que han logrado contener los costes para mantener los precios en el entorno del IPC, por lo que este año subirán un 2,7 por ciento. En la actualidad, los libros de texto simultanean dos regímenes de precios, especifica Anele, uno fijo para la Educación Infantil y la Secundaria no Obligatoria (Bachillerato y FP) y un precio libre para Primaria y Secundaria Obligatoria (ESO). Con todo, el sector del libro «apoya decididamente el precio fijo de todos los libros, como el instrumento más efectivo para contener los libros y para garantizar la pluralidad y diversidad de la oferta editorial».

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