La sombra de la nueva tecnología

 

Al parecer, sólo se está al día en lo que a los derechos de autor se refiere. El Cultural toma el pulso al sector editorial, el artístico, el teatral, el cinematográfico y el musical desde el punto de vista legislativo: qué leyes están en marcha y cuáles parecen condenadas al olvido. Las buenas noticias parecen ser el proyecto de Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas aprobado a comienzos de noviembre, y la Ley del Cine, que se espera que esté concluida a final de año, pero de la Ley de la Música apenas se sabe nada. Porque hay de todo, desde una Ley del Patrimonio de hace veinte años, a un proyecto para sustituir el Reglamento de los museos, elaborado en 2004 y que aún no ha sido enviado a las Cortes, afortunadamente según los expertos. O la incertidumbre de nuestra escena, que se debate entre un Plan elaborado por la Asociación de Autores y un proyecto de Ley preparado por la Asociación de Directores.

Aunque el presidente Zapatero se comprometiera de forma personal a promoverla durante esta legislatura, las tentativas de llevar a cabo una Ley de la Música rondan por los responsables políticos desde hace unos veinte años y han saltado a la palestra en múltiples ocasiones y en diferentes foros. Ya el anterior gobierno del partido socialista llevó a cabo varias reuniones de la que no salió más que alguna que otra palmada en la espalda y muchas frases de buena voluntad. Su mayor problema viene de establecer el marco sobre el que pueda desarrollarse y ahí es donde se choca con el complejísimo entramado legislativo, por un lado de todo el estado español y por otro de la Comunidad Europa que, además, afecta al mundo de la música de modo muy diferente al de otros sectores culturales. Ante las diferentes propuestas, la mayoría de éstos la consideran antes de nacer como una entelequia que, como mucho, podría acabar en una propuesta de mínimos, tan poco práctica que apenas sirva para nada.

Las demandas de las diferentes partes implicadas (orquestas, compositores, intérpretes, productores discográficos, agentes de concierto, auditorios, teatros) se mueve a la sombra de la evolución de las nuevas tecnologías, siempre por delante, que convierte cualquier ley que se precie en papel mojado.

Para llevar a cabo el proyecto, se ha creado un consejo asesor, que ha constatado que, a la hora de ser eficaz, cualquier ley debe partir de que las competencias musicales están transferidas, en su mayoría, a las Comunidades Autónomas que, de entrada, miran con recelo a cualquier cosa que venga de Madrid. Eso está justificado, en parte, porque el Ministerio de Cultura, en lo que se refiere a música, no ha sido un modelo de gestión y ahí están para demostrarlo los problemas del Real, de la Zarzuela, la ONE y el Auditorio Nacional, sin olvidar su arbitraria asignación de subvenciones.

Régimen especial
Como cultura implica dinero, se esperaba que el maná iba a salir de la tan cacareada Ley de Mecenazgo pero que, ante la actitud desconfiada de los diversos ministerios económicos, nació deforme y, por ello, no ha tenido la utilidad que se esperaba. Por otro lado, los profesionales de la música exigen un régimen tributario especial, algo que parece va a ser tenido en cuenta, aunque lejos de lo que aquéllos pedían, en la recién presentada Ley de Trabajadores Autónomos, que todavía está en vías de trámite, en estos momentos, en las Cortes.

En mayor o menor medida los gobiernos han sido sensibles a la defensa del patrimonio, especialmente el de las artes plásticas. Pero ha sido menos consciente de donde empieza y termina el musical, ya que abarca muchos frentes. Y, para más inri, está bajo la tutela de variadas instituciones y personas, las cuales no dudan en poner sobre la mesa sus intereses o utilizarlos para otro tipo de negociaciones. Su importancia es grande porque afecta tanto a la accesibilidad de archivos, el cuidado y la reconstrucción de instrumentos, el estudio y la conservación del folclore rural sin olvidar la edición de partituras. Todo atendido por personal cualificado para ello que, dadas las circunstancias, no abunda.

Los músicos demandan una mayor difusión de su arte, especialmente entre los jóvenes, algo que ha recibido una bofetada en las leyes educativas recientes que han convertido la enseñanza musical en una auténtica "maría". Por otro lado, los sonidos no son nada si no se difunden. Y aquí nos encontramos con los intereses tan diferentes de creadores y orquestas que saben que llena más Rachmaninov que Arrieta, por lo que, ante la previsible bajada de taquilla, de antemano ponen la mano. No se puede olvidar que, para ahorrarse derechos de autor, las formaciones y los intérpretes suelen apostar por aquellos nombres que ya no están protegidos por esos cánones, lo que redunda en contra de la creación.

Promoción pública
Para compensar, los compositores exigen, por su parte, una mayor promoción de su obra a cargo de las instituciones públicas. Pero éstas no tienen claro a quiénes deben apoyar, vía subvenciones. Apenas tiene nada que ver el mundo sinfónico, con el pop o con el flamenco. Esto viene porque en la música resulta muy difícil separar lo que es cultura de industria. Así que la pretendida Ley debería clarificar hasta dónde debe llegar la aportación de los organismos públicos, sin que lleguen a chocar con las directrices de la Comisión Europea y sin que sean criticadas por su dirigismo. Por ende, la necesidad de que la pretendida Ley vaya a tener una aplicación, exige de un consenso entre las fuerzas políticas similar al habido en otros países. Ya se percibe con recelo la elección de los miembros del consejo asesor por los otros partidos, por su proximidad con el partido gobernante. Y es que cualquier ley musical requiere de un esfuerzo coordinado de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autónomos. La falta de consenso político implicaría que cualquier propuesta lanzara al cajón de los buenos propósitos todos los esfuerzos habidos hasta el momento.

Luis G. IBERNI
Suplemento El Cultural

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