El sector editorial no consigue el precio fijo para el libro de texto.

Novedad de última hora. La liberalización del precio de los libros de texto -es decir, los libreros o las grandes superficies fijarán el precio que quieran- marcará el futuro del proyecto de ley de la Ley del Libro, la Lectura y las Bibliotecas aprobado ayer en el Consejo de Ministros, que lo remitió a las Cortes para su tramitación. La medida, que no figuraba en el anteproyecto ni en el borrador del proyecto de ley, chirría con la apuesta de fijar un precio fijo de venta al público para todos los demás tipos de libros. Precisamente, esto era lo que el sector pedía: que el precio fijo se extendiera también a los libros de texto para revitalizar a las pequeñas librerías, condenadas ante la competencia desleal de las grandes superficies, que utilizaban el libro de texto con un 25 por ciento de descuento (lo cual les dejaba sin margen de beneficios) aprobado por el PP en el año 2000 para atraer compradores para cualquier otra mercancía. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, afirmó ayer que la liberalización «abarata el coste final que pagan las familias» y que es «una medida que ayudará a la red de librerías y al pequeño y mediano comercio». Según dijo, el proyecto de ley pone en sus manos «la herramienta más oportuna» para valerse en el mercado. El sector analiza esta liberalización, que, en todo caso, le parece un «mal menor». Éstas son las valoraciones de los sectores implicados:
Los libreros: «Tampoco es una solución». Inicialmente, Fernando Valverde, presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal) mostró su apoyo al nuevo texto, aunque con muchos matices, entre ellos la calificación de «mal menor» a la liberalización frente a la opción del precio fijo, que era la que defendía el sector también para los libros de texto: «Es un texto que ha escuchado, aunque sólo en parte, las reivindicaciones hechas desde el sector. La deslegitimación de los descuentos ilimitados para los libros de texto es un paso importante para el sector que ahora tendrá que reajustar sus esquemas para enfrentarse al precio libre de los mismos, una medida que tampoco resuelve las necesidades expresadas por libreros, editores y distribuidores».
Las editoriales: «Es un arreglo intermedio». Emiliano Martínez, presidente de la Federación de Gremios de Editores, valora la liberalización como «un mal menor», y lo explica: «No se ha atendido nuestra petición de un precio fijo, pero tampoco se ha dejado este sistema bárbaro de régimen de descuento. Es una solución intermedia y el tiempo dirá si los libros de texto van a seguir estando en las pequeñas librerías». Algo que Martínez duda: «El Gobierno ha quitado la parte más ostensible de la sangría que estaba condenando al cierre a muchas medianas y pequeñas librerías, pero está por ver si servirá para equilibrar el futuro de las librerías».
Los editores de libros de texto: «No es lo ideal». Mauricio Santos, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), cree que la liberalización «no es ninguna solución, sólo un pasito adelante que no es lo ideal». Y lo argumenta: «En siete años, el 40 por ciento de los libros de texto han pasado a venderse en grandes superficies. Esto significa que a las librerías se les ha hecho un daño difícilmente reparable». En ese escenario, Santos señala que el proyecto de ley sólo contempla que «la gran librería pueda hacer frente a la gran superficie», pero para el «mediano y pequeño librero» es una «ley muy tímida». El presidente de Anele insiste es que esta ley «lo único que hace es tratar al libro de texto como zapatillas, lavadoras o calcetines» y someterlo al mercado.
Los padres: «No nos va a afectar». La presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa), Lola Abelló, juzgó ayer que la «liberalización» no va a tener una repercusión importante para los padres de estudiantes. Según explicó, su organización reclama la gratuidad de los libros de texto, no que se liberalice su precio. A su juicio, según dijo a Servimedia, esta medida tendrá mayor influencia en el ámbito de los editores y libreros que en las economías familiares.
  
Escritores: «Es una ley trampa». Andrés Sorel, secretario general de la Asociación Colegial de Escritores, mostró ayer su decepción por la nueva normativa: «Existe trampa porque las pequeñas librerías no pueden competir con las grandes superficies a quienes lo que les importa es vender todo tipo de productos y los libros son una excusa para la venta de material deportivo o escolar». Por otra parte, añadió que difícilmente podremos estar de acuerdo con un proyecto de ley que no ha contado con los escritores para nada. Ni tiene en cuenta el pago del canon de las Bibliotecas Públicas por derechos de autor».
  

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