El Gobierno establece el precio libre para los libros de texto

Las pequeñas librerías llevaban tiempo luchando para acabar con el descuento libre, que aplicaban extensamente los grandes almacenes – hasta el tope del 25 por ciento afrontando incluso cero margen de beneficio.

Los libreros han denunciado siempre esta práctica como desleal, ya que las grandes superficies, donde el libro no es el objeto principal de su negocio, la utilizaban como reclamo para atraer más clientes que luego compraban otros artículos.

"Se establece el precio libre para los libros de texto en el deseo de abaratar costes para las familias y ayudar a la red de librerías del país", dijo la ministra de Cultura, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de los ministros.

La ministra dijo que esta única modificación del anteproyecto se ha hecho a petición de los editores y libreros, que consideran que con el precio libre defienden mejor su negocio hasta que llegue la total gratuidad de los textos escolares, algo que ya aplican algunas comunidades autónomas y terminará implantado en todo el territorio nacional.

MAL MENOR

"El mal menor es aceptar que las reglas del juego sean iguales para todos, y en ese sentido hemos pedido que los precios de los libros de texto entre en precio libre para que al menos la red librera independiente pueda competir con las grandes superficies en igualdad de condiciones", dijo Fernando Valverde, presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) a TVE.

En España existen más de 5.000 librerías y especialmente en los pueblos y pequeñas ciudades se beneficiarán de la introducción del precio libre en los libros de texto.

Para el resto de los libros se consolida el precio fijo, por considerarse el sistema más eficaz para asegurar la diversidad cultural y proteger la red de librerías.

La Ley de la Lectura, el Libro y de las Bibliotecas, que sustituirá la preconstitucional ley del libro de 1975 – donde no se contemplaban las pujantes nuevas tecnologías – prevé una inversión de 431 millones de euros en ocho años, con los que se modernizará la red pública de bibliotecas y se promocionará más a los autores españoles.

Con la nueva norma el libro deja de articularse sobre el formato tradicional, impreso, y en el fomento de la lectura y la cultura – objetivo último de la ley – entra con fuerza la nueva realidad tecnológica, incluido el libro electrónico.

Finalmente, se creará el Observatorio de la Lectura y del Libro, que estudiará y analizará la situación real del sector y de los hábitos lectores para mejorarlos.

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