El Congreso pide la comparecencia de representantes del sector del libro

Según informó hoy a Efe el portavoz socialista, Antón Louro, la intención de los grupos es que desfilen por la comisión los escritores, editores, libreros, distribuidores, bibliotecarios, traductores, ilustradores y lectores para que 'valoren el contenido de la ley' y sugieran las mejoras que vean convenientes.

La decisión se adoptó hoy en una reunión de la mesa de la Comisión de Cultura con los portavoces de los distintos grupos, en la que se abordó 'la metodología de la tramitación' de dicha ley, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 3 de noviembre.

Con esas comparecencias, que comenzarán 'a finales de enero o principios de febrero', se pretende que los partidos políticos 'se puedan hacer con una radiografía de toda la cadena de creación y producción de un libro, y, en definitiva, que los sectores implicados puedan tener voz en el Congreso de los Diputados en el proceso de aprobación de una ley tan importante como es la del Libro', añadió Louro.

Serán las diferentes asociaciones las que designarán a la persona que deberá comparecer ante la Comisión de Cultura, en la que, según señaló Antón Louro, se dará voz a los grandes grupos editoriales y a las pequeñas editoriales.

En el ámbito de las librerías se hará lo mismo: se pedirá la opinión de las grandes superficies y de los establecimientos de pequeño y mediano tamaño.

Las comunidades en las que, además del castellano, se habla otra lengua, también harán saber su parecer sobre la Ley del Libro porque 'tienen una producción literaria propia y la casuística es distinta'. 'No es lo mismo publicar un libro en castellano que en gallego, catalán o euskera', dijo el diputado.

Serán los presidentes de las federaciones de editores de esas comunidades los que comparezcan ante la Comisión de Cultura, así como representantes de revistas culturales, de organizaciones de consumidores y de bibliotecas escolares.

La Ley del Libro remitida a las Cortes establece, como principio general, el precio fijo de los libros, aunque en el caso de los de texto, liberaliza el precio.

Esta liberalización, que fue una de las demandas que editores, libreros y distribuidores plantearon durante las negociaciones con el Ministerio, supone el fin de los descuentos libres aprobados por el Gobierno del PP en el año 2000 para los libros de texto y que, a la hora de su aplicación, llegaban a alcanzar hasta el 25 por ciento del valor del manual.

La nueva ley sustituye a la actual regulación del libro, que data de 1975, y prevé una dotación de 431 millones de euros en ocho años, para las bibliotecas públicas.

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